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El Movemento polos Dereitos Civís recurre el asunto de las videocámaras
23 Xaneiro 2009 09:11
El Movemento polos Dereitos Civís recurre la decisión de la Agencia de Protección de Datos de archivar el caso de las cámaras de vigilancia instaladas en el Concello de Ares, por considerar que fueron utilizadas antes de haber pedido autorización a la Delegación de Gobierno.

La Agencia Española de Protección de Datos da por buenos los documentos aportados por el Concello para negar el presunto empleo de las cámaras sin autorización. Sin embargo, el Movemento polos Dereitos Civís (Mpdc) advierte de que han existido explicaciones contradictorias que llevan a pensar en una posible utilización de las videocámaras antes de haber iniciado el trámite de la autorización.

El Mpdc recurre a noticias y declaraciones realizadas por los políticos locales y recogidas en diferentes medios de comunicación para ver en ellas la base legal necesaria para insistir sobre el asunto. Así, se apunta que en su día personal del Concello declaró que la entrada en funcionamiento del sistema de vigilancia no fue efectivo hasta el mes de abril del año 2008. Tal afirmación, según el colectivo denunciante, contradice las declaraciones de responsables de la corporación en las que se afirmaba que “ó saber que as cámaras non contaban coa autorización deixáronse de utilizar”. Esta misma situación se repite en dos casos más. Asimismo, entre la documentación aportada por el Concello figura el acta de precintado de las cámaras, hecho que se sitúa en marzo de 2008. Teóricamente tal cuestión se llevó a cabo a partir de la denegación del primer trámite presentado para la legalización de las cámaras y este asunto, según está documentado, se produjo en el mes de diciembre del año 2007. Posteriormente, tal y como se explica desde el Movimento polos Dereitos Civís, la delegación del gobierno concedió la su autorización para la instalación del sistema de vigilancia en abril de 2008. Sin embargo, dicho colectivo considera evidente que el Concello utilizó “ilegalmente” las cámaras entre el momomento de su instalación, en 2006, y la denegación de la autorización final, en 2007. Ante estas cuestiones, el Mpdc pide a la Agencia Española de Protección de Datos que reconsidere su postura y proceda, en lugar de anular el caso, a sancionar al Concello por lesiones a la intimidad de las personas.

NOTICIA DE DIARIO DE FERROL
23-01-2009
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